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Pese a las investigaciones realizadas, quedarán sin resolver las presuntas responsabilidades del hoy presidente electo por los acontecimientos que llevaron al asalto del Capitolio en 2021 y por el mal manejo de documentos clasificados cuando abandonó la Casa Blanca.
Los casos penales federales abiertos contra el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, llegaron a su fin. Comienza una era en la que, tal y como definió la jueza de la Corte Suprema Sonia Sotomayor, “el presidente está por encima de la ley”.
El nuevo escenario para Trump surgió este lunes cuando el fiscal especial Jack Smith pidió desestimar el caso por supuesta interferencia electoral en 2020, a lo que la jueza Tanya Chutkan respondió poco después cerrando la causa.
El fiscal también pidió desestimar el caso por el manejo ilegal de documentos confidenciales cuando Trump abandonó la Casa Blanca y anunció que retiraría la apelación que él mismo interpuso en su día contra la decisión de una jueza que cerró el caso en julio.
Finalmente, una corte federal de apelaciones en Atlanta dio a conocer este martes que «concede» el pedido hecho por Smith de desestimar este segundo proceso.
Smith fue enfático en que desistía de los casos debido a que “el Departamento de Justicia sostiene desde hace tiempo que la Constitución de EEUU prohíbe la acusación federal y el subsiguiente enjuiciamiento penal del presidente en ejercicio”, pero que ello no implica que el republicano sea inocente de haber cometido dichos delitos.
Sea como fuere, el resultado es que Trump volverá al poder en enero con menos limitaciones que las que tenía en 2017, lo que podría tener repercusiones en la manera de como ejercerá una presidencia con la que busca transformar el gobierno estadounidense en solo cuatro años de mandato.
La inmunidad presidencial y su alcance
Tras el cierre de los casos, quedarán sin resolver las supuestas responsabilidades de Trump por los acontecimientos que llevaron a los hechos violentos ocurridos en el Capitolio de EEUU el 6 de enero de 2021, por los que fue sometido a su segundo impeachment por “incitación a la insurrección” por parte de la Cámara de Representantes.
Según la exrepresentante republicana Liz Cheney, uno de los dos únicos miembros de su partido que formó parte del comité selecto de la Cámara que investigó aquellos hechos, Trump “convocó a la turba, reunió a la turba y encendió la llama de este ataque”.
Pese a ello, el triunfo de Trump en estas pasadas elecciones robó la oportunidad a la Justicia federal de examinar las pruebas recabadas durante la investigación de Smith y depuradas después del fallo de la Corte Suprema que estableció una inmunidad parcial del presidente por actos realizados mientras estaba en el cargo.
También queda sin aclararse con exactitud el verdadero alcance de tal inmunidad, dictaminada por la Corte a raíz precisamente del caso de interferencia electoral. Esto deja abiertas, por ejemplo, interrogantes sobre la responsabilidad de funcionarios que siguen órdenes de un presidente para realizar actos ilegales.
También sobre si las acciones de Trump tratando de revertir el triunfo electoral de Biden o en las horas previas al ataque al Capitolio constituyeron acciones de un presidente en funciones o conductas no oficiales de un candidato a la presidencia.
“Había varias formas de interpretar la decisión de inmunidad de la Corte Suprema, pero ahora, al menos por un tiempo, no vamos a obtener más respuestas de la Corte Suprema”, dijo Jack Goldsmith, profesor de la Facultad de Derecho de Harvard y exfuncionario del Departamento de Justicia durante el gobierno de George W Bush, al diario The New York Times.
El resultado final de dos años de investigaciones
El fin de los casos federales contra Trump deja también dudas sobre la constitucionalidad de la designación por parte del fiscal general de EEUU de fiscales especiales independiente para dirigir una investigación contra presidentes o expresidentes sospechosos de haber cometido delitos, como ocurrió con Richard Nixon, Bill Clinton y el mismo Trump.
En su argumento para descartar en julio los cargos contra Trump en el caso de los documentos confidenciales, la jueza Alieen Cannon declaró el nombramiento de Smith como inconstitucional por no haber sido designado por el presidente ni confirmado por el Congreso.
Con el retiro de la apelación contra ese fallo a raíz del triunfo electoral de Trump, la constitucionalidad o no del nombramiento de los fiscales especiales independientes para investigar presuntas violaciones de la ley por parte de un presidente queda sin resolver a pesar de su uso desde 1973, cuando el fiscal general Elliot Richardson designó al fiscal Archibal Cox para investigar la participación de Richard Nixon en el caso de Watergate.
Dos años después de la designación de Smith por el fiscal general Merrick Garland y de la imposición de 41 cargos criminales en contra de Trump, el único resultado tangible es una decisión de la Corte Suprema sobre la inmunidad presidencial parcial que, alertaron ya en su día expertos y miembros progresistas del tribunal, ofrece vía libre «por encima de la ley» a futuros presidentes y deja también preguntas sin respuesta sobre su verdadero alcance.