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La dependencia cuenta con cinco departamentos y sus encargados serán nombrados durante la semana
Este lunes, el Ministerio de Interior y Policía anunció la creación de la Dirección de Área para la Prevención de Ocupaciones Irregulares de la Propiedad Privada, una dependencia consignada en el decreto 668-22 del presidente Luis Abinader.
La orden, dictada el pasado 11 de noviembre de 2022, instruye al titular de esa institución y al director general de la Policía Nacional a perseguir y someter ante la justicia a los extranjeros que participen en ocupaciones ilegales de terrenos de propiedad privada o propiedad del Estado.
La unidad cuenta con cinco departamentos y 15 divisiones, que tienen el objetivo de prevenir y perseguir las invasiones ilegales. De acuerdo con la ministra Faride Raful, los nombres de los incumbentes de estas posiciones serán dados a conocer en el transcurso de la semana.
El artículo tres de la disposición establece que la Dirección General de Migración, «en los casos en que se compruebe que ciudadanos extranjeros hayan incurrido en el ilícito (ocupación o invasión ilegal)«, ejecutará la expulsión de estos del país.
Las personas que sean deportadas por esta causa no podrán optar «jamás» por ningún tipo de visado o permiso de entrada al territorio de la República Dominicana, «así sea en calidad de turista o de residente».
El decreto también indica que el Ministerio de Relaciones Exteriores tendrá la responsabilidad de notificar a los consulados de los extranjeros que incurran en esta violación de la ley.
«La designación del vicealmirante (Luis) Lee Ballester responde a un trabajo integral que se está haciendo desde el Estado dominicano para poder afrontar la migración ilegal en nuestro país», expresó la ministra Raful al referirse a los nuevos cambios en la Dirección General de Migración.
La funcionaria destacó que la política migratoria del país es definida por el presidente Luis Abinader y está orientada a «reforzar las unidades especializadas en migración para realizar los abordajes que deben hacerse para que las personas que están en territorio nacional de manera ilegal puedan ser llevadas a sus países de origen, si no tienen ningún tipo de regularización en el territorio».