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Estas armas de fuego «contribuyen sustancialmente a la violencia de las pandillas, las violaciones de los derechos humanos y la inestabilidad política», señala el texto difundido por el presidente del comité de relaciones exteriores del Senado, el demócrata Ben Cardin.
Cuatro senadores demócratas estadounidenses anunciaron este viernes que presentarán un proyecto de ley contra el flujo de armas en las Américas procedentes de Estados Unidos, informó uno de ellos en un comunicado.
Estas armas de fuego «contribuyen sustancialmente a la violencia de las pandillas, las violaciones de los derechos humanos y la inestabilidad política», señala el texto difundido por el presidente del comité de relaciones exteriores del Senado, el demócrata Ben Cardin.
La Ley de Monitoreo Regional de Ventas de Armas en las Américas (ARMAS) traspasaría la autoridad sobre armas pequeñas del Departamento de Comercio al Departamento de Estado, pediría un programa interinstitucional para detener su tráfico y mejoraría la supervisión del Congreso, precisa.
En congresista demócrata Joaquín Castro presentó un proyecto de ley similar en la Cámara de Representantes.
«Desde México hasta Haití y Ecuador, las bandas criminales utilizan armas fabricadas en Estados Unidos para cometer niveles récord de violencia, alimentando la inseguridad en todo el hemisferio y socavando los intereses nacionales de Estados Unidos», añadió Cardin, uno de los impulsores junto con Tim Kaine, Chris Murphy y Dick Durbin.
La Ley Bipartidista de Comunidades Más Seguras convirtió el tráfico de armas de fuego en un delito federal, pero el gobierno «puede hacer más para combatir a los traficantes y garantizar que las armas ilegales no terminen en manos de pandillas y cárteles», opinó Murphy, citado en el comunicado.
México es uno de los países que más protesta por el trasiego de los artefactos y se ha querellado contra vendedores y fabricantes de armas del país vecino, a los que responsabiliza del tráfico ilegal hacia su territorio.
El saliente presidente Andrés Manuel López Obrador asegura que durante su gobierno (2018-2024) se han confiscado cerca de 50.000 armas de contrabando, 70% de ellas provenientes de Estados Unidos.
El flujo anual, que se estima en unas 500.000 piezas, es una de las razones principales detrás de la violencia criminal que golpea al país, sostiene el gobierno.