Por laclaveadmin 
El anuncio, esperado durate semanas, incluye la prohibición de asilo automático para aquellos extranjeros que ingresan ilegalmente o no tengan una causa legal para permanecer en EEUU cuando la frontera esté congestionada. También advierte de deportaciones expeditas.
El gobierno del presidente Joe Biden está activando desde este martes una serie de medidas ejecutivas migratorias que incluyen la suspensión de la entrada de extranjeros que ingresan ilegalmente al país para pedir asilo. También acelera los procesos de deportación.
La restricción se comienza a aplicar tan pronto como a la medianoche de este martes (hora del Este de EEUU), de acuerdo con funcionarios de la Casa Blanca.
“Nunca demonizaré a los inmigrantes. Nunca me referiré a los inmigrantes como personas que envenenan la sangre de un país. Además, nunca he separado a niños de sus familias en la frontera”, dijo Biden para referirse a la manera en que Donald Trump ha descrito y actuado con respecto a la inmigración indocumentada.
El presidente reiteró que no es competencia de la Casa Blanca producir medidas migratorias, sino que es responsabilidad del Congreso. Sin embargo, señaló que no le quedó más opción ante la inacción legislativa.
«Estoy actuando por encima de la obstrucción republicana, recurriendo a la autoridad ejecutiva que tengo a disposición, para hacer lo que pueda por mi cuenta con el fin de afrontar lo que ocurre en la frontera», dijo Biden.
Biden habló la tarde de este martes desde la Casa Blanca sobre las medidas para enfrentar el cruce ilegal de inmigrantes en la frontera sur. Crédito: Manuel Balce Ceneta/AP
Poco antes de la entrada en vigor de la medida, un funcionario del gobierno dijo durante una conferencia de prensa telefónica que se cierran temporalmente las solicitudes de asilo al sobrepasar el número promedio de detenciones en la frontera diarias, es decir, los 2,500 entre los puertos de entrada autorizados.
El funcionario agregó que ese umbral “ya se ha alcanzado” y que la medida se retirará sólo una vez que ese número caiga por debajo de los 1,500.
La orden ejecutiva de Biden también endurece los requisitos de asilo y hará más difícil a partir de ahora conseguir este beneficio humanitario, que se encuentra vigente y fue aprobado por el Congreso.
Las modificaciones asoman tras varios meses de incertidumbre y planificaciones a puertas cerradas en la Casa Blanca, que incluyeron dos intentos para que el Senado aprobara un presupuesto de emergencia de $14,000 millones de dólares, fondos que serían utilizados para aumentar la seguridad fronteriza y acelerar los casos de asilo y las deportaciones en la frontera con México.
Al no conseguir los fondos solicitados por la Casa Blanca, Biden optó por utilizar su poder para emitir decretos, no sin antes culpar a los republicanos por la inacción legislativa, al tiempo que trata de aplacar la crítica de la oposición que lo culpa de haber generado la crisis en la frontera al eliminar la política migratoria de ‘tolerancia cero’ del expresidente Donald Trump.
Los cambios anunciados apuntan a dificultar aún más la entrada al país y el asilo de inmigrantes adultos solteros solos con protocolos más rigurosos que utilizarán los agentes fronterizos al momento de hacer las primeras evaluaciones de miedo creíble en la frontera. Pero dejan intacto los programas CBP One y el parole humanitario anunciado en enero de 2023.
Qué dicen las medidas de Biden
Las acciones ejecutivas firmadas por Biden “prohíben a los migrantes que crucen la frontera sur de manera ilegal recibir asilo”. Estas acciones, explica la Administración, “entrarán en vigor cuando se registren altos niveles de encuentros (detenciones) en la frontera con México que excedan nuestra capacidad de procesarlos oportunamente, como ocurre hoy”.
El decreto otorga además un mayor poder discrecional a los agentes de inmigración “para deportar a aquellos extranjeros que no tienen una base legal para permanecer en el país”, y de esa manera “reducir la carga sobre nuestros agentes de la Patrulla Fronteriza”, detalla.
El documento emitido por la Casa Blanca, sin embargo, advierte que “esto no puede lograr los mismos resultados que la acción del Congreso, y tampoco proporciona el personal crítico ni los fondos necesarios para asegurar aún más la frontera sur”. Pero el legislativo “aún tiene tiempo para actuar”, precisa.
Cómo se iban a utilizan los fondos del Senado
El plan bipartidista que rechazó en dos ocasiones el Senado, uno en febrero y otro en mayo, incluía una partida presupuestaria de emergencia por $14,000 millones que sería utilizada para la contratación de “más de 1,500 miembros adicionales de la Patrulla Fronteriza, más de 1,200 miembros adicionales del personal de Inmigración y Control de Aduanas (CBP), más de 4,300 funcionarios de asilo adicionales de la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS) y 100 jueces de inmigración adicionales”, según explicó el secretario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Alejandro Mayorkas.
Al no contar con esos recursos, Biden utilizó su poder ejecutivo e invocó las Secciones 212(f) y 215(a) de la Ley de Inmigración (INA) “que suspenden la entrada de no ciudadanos que crucen la
frontera sur hacia los Estados Unidos ilegalmente”, indica el anuncio oficial.
La Casa Blanca precisó que:
Estas acciones estarán vigentes cuando la frontera sur esté saturada;
Harán más fácil para los oficiales de inmigración expulsar rápidamente a las personas que no tienen base legal para permanecer en Estados Unidos;
Estas acciones no son permanentes. Se suspenderán cuando el número de migrantes que cruzan la frontera entre los puertos de entrada es lo suficientemente bajo para gestionar el sistema y la forma segura y eficaz de las operaciones fronterizas.
Las nuevas reglas de asilo dictadas por el gobierno de Biden también incluyen lo que denomina “excepciones humanitarias” similares a las incluidas en el acuerdo fronterizo bipartidista anunciado en el Senado y cuya aprobación fracasó en dos ocasiones este año.
La decisión protegerá a los menores no acompañados, que seguirán siendo procesados bajo el amparo del Acuerdo Judicial Flores de 1997, y víctimas de trata o contrabando humano.
La orden ejecutiva cita, además, recientes acciones migratorias tomadas por el gobierno para asegurar la frontera y, dice, reparar un sistema migratorio que se encuentra roto, un término que utilizan tanto demócratas como republicanos cuando defienden sus posturas migratorias.
Entre las acciones, destaca:
Regla propuesta por el DHS para garantizar que los migrantes que representan un riesgo para la seguridad pública o la seguridad nacional sean retirados lo más rápido posible del país en lugar de permanecer detenidos por largos períodos de tiempo, generando un costo creciente.
Anunciaron nuevas acciones para resolver más rápidamente casos de inmigración ampliando poderes discrecionales a agentes de inmigración para decidir y/o resolver más rápidamente una parte de los casos de inmigración de migrantes que intentan cruzar entre los puertos de entrada en la frontera sur en violación de las leyes de inmigración.
A través de este proceso, el Departamento de Justicia podrá conocer estos casos más rápidamente y el DHS podrá deportar más rápidamente a las personas que no tienen una base legal para permanecer en Estados Unidos y otorgar protección a aquellos con reclamos válidos.
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