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El proyecto de reforma fiscal que presentará el Gobierno para la aprobación del Congreso Nacional parece acercarse a su versión final, pero todavía los técnicos que la preparan están embarcados en escuchar pareceres, en hacer cálculos y en considerar, sin ser magos, sus efectos en la sociedad.
Según lo que ha trascendido, los técnicos del Gobierno tienen como objetivo conseguir unos ingresos adicionales que oscilen entre 1.5% y 1.7% del Producto Interno Bruto (PIB).
El Gobierno está preparando una propuesta de reforma fiscal anclada en dos elementos: uno es el dispositivo que ofrece la Ley de Responsabilidad Fiscal, considera una camisa de fuerza positiva, pues establece techos para los gastos ministeriales. De la mano con esta ley está la decisión de reducir y fusionar instituciones. Quienes diseñan la propuesta fiscal entienden que este es el sacrificio gubernamental.
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Aunque hay sectores de opinión pública, sobre todo de parcelas políticas, que consideran innecesaria la reforma fiscal, el Gobierno dice que es imprescindible para suplir las demandas de servicios básicos y para cumplir con los compromisos y para evitar que la deuda pública siga creciendo.
Y no es, en opinión de técnicos oficiales, que el gasto público dominicano sea excesivo. Para apoyar esta afirmación indican que el promedio del gasto público en América Latina es de 27.8% del PIB, pero en República Dominicana está muy por debajo de esta media, 19.3% del PIB.
Sin embargo, se admite que el pago de los intereses de la deuda pública es un peso demasiado fuerte para las cuentas presupuestarias, 21.8% del PIB. La deuda pública equivalía, en 2021, al 45.1% del PIB.
Los técnicos reconocen que el sistema tributario de la República Dominicana tiene características que deben ser superadas o, por lo menos, ir desmontando: proliferación de leyes de incentivos, exenciones generalizadas del ITBIS, tratos preferenciales a personas físicas y a profesionales, baja recaudación de personas físicas, baja recaudación de impuestos al patrimonio y alta evasión y elusión fiscales.
La reforma fiscal en preparación procura iniciar la disminución de algunas de estas características negativas, aunque se está consciente de que ese objetivo chocará con muchos intereses y con una cultura muy acentuada de pagar pocos impuestos y de querer recibir incentivos sin límites.
Pero, dicen, si el país quiere continuar la línea de progreso que hoy lo distingue en América Latina y el Caribe, debe seguir invirtiendo en obras de infraestructura, tiene que enfrentar la situación del sector eléctrico y tiene que mantener la protección social de los sectores poblacionales más desvalidos.
Un tema clave es la reducción de la evasión del pago de ITBIS, calculada en un 40% y pico y la del pago del Impuesto sobre la Renta, de aproximadamente un 40%.
Esta vez, comentaron los informantes, los profesionales liberales –los médicos a la cabeza —deberán pagar sus impuestos. También serán eliminados algunos anticipos de personas físicas y se considerará un trato especial a las llamadas empresas pymes.
Todavía falta saber cuándo el proyecto de reforma fiscal será presentado al país en todos sus detalles y depositado en el Congreso Nacional. Pero está muy avanzado.
La dimensión política de la reforma fiscal es una cuestión que manejarán los estrategas políticos del Gobierno y los responsables del análisis de los discursos de la opinión pública.