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El Ministerio Público busca mantener a Gómez en prisión preventiva para continuar con las indagatorias
De acuerdo con el expediente de solicitud de medidas de coerción del caso Camaleón, elaborado por el Ministerio Público, José –Jochi– Gómez Canaán, uno de los principales imputados en el proceso, habría obtenido documentos confidenciales de la Procuraduría General de la República para frenar la investigación de las autoridades en su contra.
Una de las evidencias halladas en la casa de Gómez es una copia de una solicitud que hizo la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) a la Contraloría General de la República donde se pedían datos de los pagos que hizo el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) a la empresa Transcore Latam.
Según el informe de la Procuraduría, el imputado «tenía la investigación del Ministerio Público infiltrada» porque poseía documentos interinstitucionales que eran confidenciales y esenciales para la investigación.
Otro documento secreto encontrado en la residencia de Gómez fue una solicitud de investigación especial a la Unidad de Antifraudes de la Contraloría. Con esa indagatoria, la Pepca buscaba detallar los procesos de compras y contrataciones, los contratos realizados, los datos financieros y los libramientos ejecutados en el Intrant ligados a la operación Camaleón.
Aparte de los documentos confidenciales que Gómez tenía en sus manos, el Ministerio Público relata que el encartado realizaba «actividades de seguimiento e inteligencia» a jueces y miembros del Poder Judicial.
De acuerdo con la Procuraduría, en la casa de Gómez se halló un documento con la siguiente descripción:
- «1. Keila S. Pérez Santana: juez presidente, 2. Elías Santini Perera: juez sustituto, 3. Arisleyda Méndez Batista: juez 1ra. Instancia».
Además, el documento contenía un cuadro con distintos nombres de jueces, abogados, alguaciles de estrado y oficinistas alguaciles.
Pruebas materiales
El expediente del Ministerio Público detalla que las autoridades cuentan con 49 pruebas materiales para probar sus señalamientos contra los imputados en el caso Camaleón, por el que piden hasta 18 meses de prisión preventiva.
Entre las pruebas materiales se encontraron drones, cámaras espías, microcámaras, armas de fuego a nombre de terceros, escopetas de alto calibre, siete drones de vigilancia, chalecos antibalas y relojes de marcas costosas.
Negocios irregulares
El Ministerio Público señala a siete personas y dos empresas por el caso Camaleón, entre los que se incluye el exdirector del Intrant, Hugo Beras. De acuerdo con su imputación, los siete apresados ejecutaron negociaciones irregulares para contratar un servicio de modernización de los semáforos en Santo Domingo.
Según la solicitud de medida de coerción, desde el Intrant supuestamente se orquestó una estructura de corrupción que buscaba beneficiarse económicamente con contratos millonarios que carecían de legalidad y que alegadamente buscaban estafar al Estado con un proceso de licitación en el que la empresa Transcore Latam obtuvo 1,317,350,997 pesos.