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Al menos 413 «inversionistas» fueron estafados con más de US$100 millones, de acuerdo a las querellas
El Ministerio Público solicitó este lunes al juez del Séptimo Juzgado de la Instrucción, Deiby Timoteo Peguero, que emita apertura a juicio de fondo contra Jairo González y compartes, acusados de un presunto fraude de más de US$100 millones a través de criptomonedas y falsos puestos de bolsa.
Durante la presentación de sus alegatos de defensa frente al juez y decenas de víctimas y abogados, González pidió perdón a las víctimas y le manifestó que pase lo que pase, les va a resolver económicamente, porque dice ser una persona de principios, de buena crianza y de familia cristiana.
Dijo que actuó de buena fe y se definió como un «innovador».
«Lo que no está prohibido, está permitido. Yo simplemente soy un innovador que vengo de abajo, pero nosotros no controlamos los mercados y los proyectos. Los mercados entraron en crisis y fallaron las estrategias», planteó González.
Afirmó que aproximadamente unas 130 personas se aprovecharon del expediente que se le abrió, para proceder a querellarse sin él haberle fallado con el pago que les realizaba.
Indicó que le sorprende que le imputen de lavado de activos, pues de ser así, el dinero que manejó de sus socios era ilícito.
«En República Dominicana tu no tienes derecho a crecer. Yo soy un negocio para los letrados (abogados) que han estado lucrándose en dieciocho meses que yo estoy preso«, apuntó Jairo González.
Precisó que se va a demostrar que a quien le entregó diez pesos, le ha devuelto veinte.
También manifestó que también le han puesto en su acusación, delitos de alta tecnología, por usar herramientas como Bitcoin.
Luego de las palabras de Jairo, el juez decidió recesar la audiencia preliminar para el próximo viernes 9 de agosto a las 9:00 de la mañana en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.
Demás imputados y acusación
Los representantes del organismo persecutor solicitan también que los supuestos socios de González: Kelmin Santos Rodríguez, Leandro González Espinal, Gregorix Polanco Estévez, Moisés González Rodríguez y William Mejía Martínez, sean enviados a juicio de fondo.
El MP sostiene que el imputado Jairo González, en calidad de gerente y propietario de Harvest Trading, captaba fondos de inversionistas a quienes prometía que serían invertidos en la bolsa de valores y en criptomonedas, con la promesa de que obtendrían ganancias cuantiosas sobre los recursos depositados.
En el acusación, presentada por la Dirección Nacional de Persecución de Delitos Financieros del Ministerio Público, fueron incluidas además las sociedades comerciales Harvest Trading Cap.SRL, Harvest Group y Asociados SRL, Harvest Trading Academy, SRL y la sociedad comercial Moon Capital SRL.
Los acusados enfrentan cargos de asociación de malhechores, estafa, violación de la ley sobre el mercado de valores, violación de la ley sobre crímenes y delitos de alta tecnología, y violación de la ley sobre lavado de activos.
Finaliza lectura
Durante la audiencia, los fiscales Pelagio Alcántara, Lewina Tavares y Miguel Pichardo culminaron la lectura de la acusación de 279 páginas, junto con los elementos probatorios que fundamentan los cargos.
Al presentar sus conclusiones, los fiscales litigantes solicitaron al juez Deiby Timoteo Peguero que dicha acusación y las pruebas presentadas sean acogidas en su totalidad, además de mantener la prisión preventiva que pesa sobre el principal acusado, Jairo González, como medida de coerción.
Sobre el caso
El Ministerio Público inició las investigaciones a mediados de enero de 2023, luego de que más de 30 personas presentaron querella en contra del imputado Jairo González, alegando haber sido víctimas de estafa por más de 100 millones de dólares.
Dentro de los delitos que le ha imputado el Ministerio Público a Jairo González y compartes están la violación a los artículos 265, 266 y 405 del Código Penal Dominicano, que se refiere a la asociación de malhechores y estafa, así como violación del artículo 351, numeral IV de la Ley 249-17, sobre el Mercado de Valores, que sanciona las operaciones de puestos de bolsa de valores sin autorización del órgano regulador y otros delitos.